Reportaje

Balance del acceso al empleo público de personas con discapacidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Empleo público y discapacidad: una relación con futuro

08/07/2013

Blanca Abella

1595 personas con discapacidad accedieron a un empleo público en la Administración General del Estado entre 2003 y 2011 a través de los mecanismos de reserva de empleo que establece la normativa. Los datos confirman una tendencia positiva, tras muchos años de ineficacia e incumplimiento en esta reserva. A pesar de todo, las cosas deben mejorar y los planes de la Administración parecen dirigirse en ese sentido.

El informe sobre acceso al empleo público elaborado por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas certifica la tendencia positiva y de mejora progresiva que viene experimentando el acceso al empleo público de personas con discapacidad desde el año 2004. En este año se aprobó, a propuesta del CERMI, un real decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Así, según dicho informe, “en el ámbito de la Administración General del Estado se detecta una integración progresiva de personas con discapacidad en el empleo público, una tendencia alcista en las cifras de personas con discapacidad aprobadas, un esfuerzo relevante al respecto por parte de dicha Administración Pública, consciente, además, de alguna manera, del “efecto demostración” de sus actuaciones en otros ámbitos de Administraciones Públicas”.

Y como muestra, ofrecen las siguientes cifras: “las medidas adoptadas en el ámbito de la Administración General del Estado han permitido, tomando como base la Oferta de Empleo Público para el año 2003, que el acceso por el turno libre de las personas con discapacidad  a Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado se haya incrementado de forma acumulativa,  desde el año 2004 y hasta el año 2009, en un 369,6 por ciento. Y en el turno de promoción interna se observa, en idéntico periodo de tiempo, un incremento acumulativo del número de personas con discapacidad que han accedido a Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado en un 241,2 por ciento”.

Dicho informe destaca el papel fundamental del Real Decreto de 2004 en este aumento del empleo público para personas con discapacidad, afirmando que “se ha incrementado, con carácter general, considerablemente el número de personas con discapacidad que han aprobado las pruebas selectivas de acceso a Cuerpos y Escalas de funcionarios de la Administración General del Estado y ello se ha producido tanto en lo que se refiere al turno libre como al turno de promoción interna”. Pero también reconoce que esta tendencia no se ha mantenido en los últimos años: “en los años 2010 y 2011 no se observa tanto esa tendencia, sobre todo en el turno libre, pero hay que tener en cuenta la política de contención del gasto público, que ha afectado a esas Ofertas de Empleo Público, inferiores en el número de plazas ofertadas a las de años anteriores en el contexto de una situación económica determinada”.

2013 y otras previsiones

A pesar de todo y pese al contexto general de contracción del empleo público como consecuencia de la crisis, la Oferta Pública de Empleo de 2013 establece un turno independiente para personas con discapacidad intelectual, en el que solo pueden presentarse las que tengan reconocida oficialmente esta discapacidad, a las que se reserva un 2% del 7% global que corresponden la discapacidad. En la OPE del 2013, se reservan para personas con discapacidad 50 plazas, en la modalidad de nuevo ingreso de efectivos, de las cuales 14 corresponden a personas con discapacidad intelectual.

En cuanto a la vía de promoción interna, se reservan para empleados públicos con discapacidad, un total de 31 plazas, asignándose de este número 9 a empleados con discapacidad intelectual. La suma total de las distintas modalidades arroja el dato de 81 plazas reservadas para este grupo social.

Estas medidas, que el CERMI estima como favorables al objetivo de la inclusión laboral, se anticipan a la intención del Gobierno de aprobar en próximas fechas una nueva norma reglamentaria reguladora del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que sustituya a la adoptada en el año 2004, y que ampliará y mejorará el marco de ingreso de personas con discapacidad en la Administración del Estado.

Según informan desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas actualmente acometen el análisis y actualización del Real Decreto de 2271/2004 así como la revisión y actualización de la Orden PRE/!(“”/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios general es para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

El proyecto de real decreto que están acometiendo además de acomodar su contenido al marco legal actual, supondrá un avance significativo, ya que se está estudiando la incorporación de las siguientes novedades:

• La extensión de la reserva del 7 por ciento también a los procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y la constitución de relaciones de candidatos.
• En las convocatorias de turno independiente para personas con discapacidad, las plazas no cubiertas se acumularían al cupo del siete por ciento de la oferta de empleo siguiente.
• Se impulsará la realización de convenios por parte de los Organismos donde obtengan destino los candidatos con discapacidad, orientados a la realización de proyectos de empleo con apoyo.

Además, desde la Dirección General de la Función Pública tienen previsto mantener e incrementar el seguimiento sobre la evolución de los empleos públicos ocupados por personas con discapacidad así como de las condiciones laborales de los mismos. Se trata, afirman en la Secretaría de Estado, de ampliar y perfeccionar su conocimiento de esta realidad.

La discapacidad intelectual

En el acceso al empleo público existen, sin embargo, algunos colectivos con mayores dificultades de acceso. Y en ese sentido, Torcuato Recover, coordinador de la Red de Juristas de FEAPS, señala a las personas con discapacidad intelectual, y entre éstas, las mujeres con discapacidad intelectual: “se enfrentan además a la discriminación por ser mujer, e incluso en muchos casos a otras muchas discriminaciones, pero sobre todo a la terrible “invisibilidad del colectivo”, si no están no se les puede ayudar…y esto dificulta aún más todo el proceso. Sin duda se trata de un colectivo que debe ser tenido muy en cuenta, y que necesita de recursos y discriminaciones positivas para su inclusión”.

“El balance ha sido pobre en líneas generales”, según Torcuato Recover, que afirma: “el colectivo de la discapacidad intelectual dentro del mundo de la discapacidad siempre se ha quedado atrás en el acceso al empleo público, por una razón sencilla pero a la vez olvidada: siempre existía una gran desventaja con el resto de colectivos. El resto o no necesitaba adaptaciones, porque su discapacidad no tenía incidencia en el proceso de acceso al empleo, o en el contenido de las pruebas, o se les realizaban adaptaciones materiales o de tiempo, mucho más accesibles. Para las personas con discapacidad intelectual la adaptación es de contenido, se trata de facilitar la comprensión, y. en definitiva, la accesibilidad a los textos y temarios (adaptaciones en temario) y forma (lectura fácil o fácil comprensión). Así, la discriminación genérica a favor de las personas con discapacidad se convertía en una barrera aún más infranqueable para quienes tienen discapacidad intelectual. Desde mi punto de vista existían dos problemas: ni existía ni se planteaba la accesibilidad cognitiva, y por supuesto no se contemplaba el acceso, es decir no existía la reserva de un porcentaje específico para un colectivo que sin duda era mucho más vulnerable en aspectos cognitivos que cualquier otro”.

Este jurista valora los avances que se ha producido en los últimos tiempos, tanto la normativa aprobada como la visibilidad que se está ofreciendo del trabajo de estas personas con discapacidad intelectual: “estoy convencido que lo principal ha sido el ejemplo de  realidad que ha supuesto ver a personas con discapacidad intelectual desempeñando puestos en la administración pública”.

Sin embargo, Recover entiende que siempre se puede mejorar: “La realidad es que el colectivo ha estado por detrás con respecto a otra discapacidades, así que este discriminación positiva y estos procesos accesibles, deben de continuar para equilibrar la balanza. Ahora, además, contamos con la gran baza que supone romper con la barrera mental de los prejuicios y la desconfianza: las personas que desempeñan puestos públicos, el resto de los empleados de las administraciones, comprueban como las personas con discapacidad pueden actuar como trabajadores eficientes, responsables, y como compañeros  a los que, por esta vía, se les proporciona el acceso a un derecho, y con ellos, la administración, y la sociedad a la que aquella sirve, se hace más rica, más plural, mas real”.